En una entrevista publicada el pasado domingo, el Embajador chino
en Australia, Cheng Jingye, advirtió al gobierno de este país que su
insistencia en realizar una investigación políticamente motivada sobre el
origen del virus podría desencadenar un boicot por parte de los consumidores
chinos, que podrían dejar de viajar en este país o comprar sus productos.
“Si esto va a ir a peor, la gente va a plantearse si vale la
pena acudir a un país que no es tan amigable con China como parece”, indicó el
funcionario. En este sentido, agregó: “Quizá (los ciudadanos chinos) se
planteen por qué deben beber el vino australiano o comer su carne”.
Ante estas declaraciones, este lunes la ministra de
Relaciones Exteriores de Australia, Marise Payne, rechazó los intentos de “coerción
económica” por parte de Beijing. En un comunicado, Payne dijo que su país solo había
hecho un “llamado de principios” para una revisión independiente del coronavirus.
“Rechazamos cualquier sugerencia de que la coerción económica es una respuesta
apropiada a un llamado para tal evaluación, cuando lo que necesitamos es
cooperación global”, señaló la diplomática.
La semana pasada el primer ministro de Australia, Scott
Morrison, había solicitado apoyo para una investigación internacional sobre la
pandemia a través de conversaciones telefónicas con el presidente Donald Trump
y los mandatarios de Alemania y Francia.
La presión australiana para que se realice una revisión
independiente de los orígenes de la epidemia ha recibido duras críticas de
China, que acusó a los parlamentarios australianos de recibir instrucciones de Washington.
Australia, además de Estados Unidos, Francia, Alemania y
Reino Unido han puesto en duda la gestión de la crisis de la COVID-19 por parte
de China y en este sentido han puesto sobre la mesa la posibilidad de llevar a
cabo una pesquisa de tal envergadura.
También la semana pasada el estado de Missouri, en Estados
Unidos, anunció la apertura de una demanda judicial contra China por su gestión
del brote, acusándola de haber hecho poco por impedir su propagación,
provocando pérdidas severas en la economía del estado.
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